El 24 de octubre, en la tarima del Simón Bolívar, la rapera bogotana Chelo Hop pisó una bandera de Israel y se escuchó “Libre Palestina”. Al día siguiente llegaron la protesta de la embajada, el reclamo de un concejal que quería saber “quién autorizó” la presentación y el comunicado de Idartes. La institución se desmarcó del gesto y repitió que los escenarios culturales deben garantizar la libertad artística.
La escena tiene un antecedente cercano. En diciembre de 2024, en la inauguración del Quitofest, el colectivo de rap Mugre Sur, de Chillogallo, en el sur de Quito, colgó en tarima una figura de cartón del presidente Daniel Noboa en un “ahorcamiento” simbólico y llamó a quemarla. Dos ciudades, dos festivales financiados con dinero público y la misma pregunta: ¿puede el que paga decidir quién habla?
El dinero público no compra el micrófono
Hip Hop al Parque lleva 28 ediciones desde finales de los noventa. Es gratuito, lo organiza una entidad pública y este año reunió a más de 77 mil personas. Una parte de su cartel sale de convocatorias abiertas, con jurados y puntajes, no de la agenda del alcalde de turno. El Quitofest, con apoyo municipal, lleva más de veinte años como el gran escenario gratuito de las fiestas de la ciudad.
Ese modelo es valioso. Que la ciudad financie no significa que elija qué se dice. La cultura es un derecho y el presupuesto que la sostiene es de todos: también de quienes rapean sobre el barrio, la policía, la guerra o el gobierno. Un festival que solo programa lo que no incomoda deja de ser hip hop.
Lo que pasó después
Las reacciones fueron parecidas. En Quito, el Ministerio de Cultura habló de “incitación a la violencia”, una ministra dijo que la presentación “normalizaba la violencia” y nueve de los 21 concejales pidieron que el secretario de Cultura rindiera cuentas, e incluso su renuncia. En Bogotá, la embajada israelí exigió una condena oficial y un concejal anunció control político.
Las dos ciudades respondieron igual: sin censura. El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, dijo que no era partidario del lenguaje violento, pero que “sobre el arte y la cultura no caben procesos de censura”. Idartes, en Bogotá, señaló que el acto era responsabilidad exclusiva de la artista, sin vetarla.
Dónde está el límite
Defender la tarima no obliga a aplaudir todo lo que pasa en ella. Se puede pensar que el “ahorcamiento” de una figura, o los insultos a quienes votaron por alguien, empobrecen un mensaje político. En Ecuador, quemar monigotes de políticos cada Año Viejo es tradición popular, y aun así el debate sobre la violencia simbólica es legítimo.
Lo que no puede hacerse es mover la línea según quién se queja. La libertad artística tiene límites, y los fija la ley, que castiga la incitación real a la violencia y la discriminación. No los fija la comodidad del funcionario, la molestia de un gobierno nacional o la presión de una embajada. Cuando el límite depende de quién gobierna, el festival se vuelve vitrina oficial y el artista aprende a autocensurarse antes de subir.
¿Y el resto de la región?
Bogotá y Quito sostienen sus festivales a pesar de las polémicas. Medellín tiene Altavoz. Aun así, pocas ciudades latinoamericanas mantienen escenarios públicos donde el hip hop pueda decir lo que piensa durante décadas. Escenas hay: en cada barrio de Lima, Guayaquil, La Paz o Ciudad de México hay MCs, DJs, b-boys y escritores de graffiti. Lo que falta es decisión institucional.
Hacen falta tres cosas. Presupuesto estable, que no dependa del humor político de cada administración. Convocatorias abiertas, con jurados de la propia cultura. Y la madurez de no pedirle permiso a las letras.
Hip Hop al Parque y el Quitofest dejaron la misma lección: quien paga no habla, escucha.
